PREOCUPÉMONOS por la Ley Sinde, que mientras estamos distraídos nos cuelan cosas mucho más serias:

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha avalado, con dos votos discrepantes, un anteproyecto legal que, en la práctica, supone un recorte de garantías ciudadanas, puesto que restringe y endurece la posibilidad de los ciudadanos de que sus casos lleguen hasta el Tribunal Supremo. Obliga a los ciudadanos a pagar tasas para interponer demandas, suprime recursos e impone que los ciudadanos que pierdan un pleito contra la Administración (por ejemplo, un recurso contra una multa) paguen las costas del proceso (las minutas de los abogados).