POR LO QUE SE VE, ese noble concepto de justicia universal tiene sus límites:

El Gobierno español rehusó la investigación judicial llevada a cabo por la Audiencia Nacional para investigar los asesinatos de nueves españoles en Ruanda y en la República Democrática del Congo entre los años 1990 y 2002 contra la cúpula militar tutsi por genocidio, lesa humanidad y terrorismo.

En 2008, el juez Fernando Andreu dictó un auto de procesamiento contra 40 mandos militares del Gobierno ruandés con la orden de arresto internacional acusados del brutal genocidio producido entre 1994 y 2000 y entre los que se incluían nueve victimas españolas.

Según se conoce por unos cables de Wilkileaks que recoge 20minutos.es, el Gobierno de Zapatero "no apoyaba" la causa judicial ya que esta no se vinculaba con su política exterior y porque algunas de las iniciativas de Andreu eran consideradas de "inútiles".

La hipocresía es espeluznante.