ES EVIDENTE que una empresa relevante no puede ser beneficiada, pero tampoco perjudicada, por las relaciones personales de quien esté a cargo de ellas, y por tanto no debe quedar excluida sólo por con quién estén casados sus directivos. Pero, ¿os imagináis lo que estarían diciendo si fuera la empresa de un ex-alto cargo de, pongamos, la Comunidad de Madrid, casado con una consejera del gobierno de Esperanza Aguirre, a la que le fuera concedido un contrato público multimillonario?