LLUÍS FOIX:

Me temo que los acuerdos firmados entre CiU y ERC quemen política y precipitadamente a Artur Mas y, a su vez, entorpezcan la celebración de una consulta cuyo lema se ciñe a la pancarta que encabezaba la manifestación del Onze de Setembre, que ha marcado la política catalana desde entonces. La esencia de la política, decía el primer ministro Harold Macmillan, es el timing, el calendario. Hacer algo antes de tiempo puede ser un fracaso y si se hace después puede ocurrir lo que pasa con un buen vino que ya no se puede beber por haberse agriado.

El referéndum va en contra de la Constitución española. Pero también va en contra del Estatut de Catalunya vigente. Es una ruptura con la ley española y con la ley catalana. No hay mayoría suficiente de dos tercios para reformar el Estatut del 2006.

Entiendo que estamos ante una ruptura con España. Pero también ante la ruptura de las normas democráticas catalanas votadas en referéndum.

No estoy muy seguro de lo que dice Lluís Foix. Es verdad que para reformar el Estatut hace falta una mayoría de 2/3 pero un referéndum en sí mismo no reforma nada, porque en sí mismo no es normativo: la norma la crea el Parlament, tomando decisiones y aprobando leyes en función del resultado de ese referéndum. Si éste consiste en preguntar a posteriori si se está de acuerdo con la declaración de independencia aprobada por el parlament lo que reformaría el Estatut es este acuerdo del Parlament, no el referéndum. Y si la pregunta a priori es si se aprueba que se inicie un proceso normativo que conduzca a la independencia será este proceso, y no el referéndum en sí, el que suponga una reforma del Estatut. Aquél sólo la ratifica. Y no digamos si se califica como consultivo.

De todos modos es casi una cuestión de matiz porque, antes o después de ese referéndum, el Parlament aprobaría esa reforma del Estatut que claramente no es posible sin la mayoría de dos tercios. Lo que se pretende con la consulta es precisamente 'cortocircuitar' este hecho, buscando obtener un resultado que dé a la Generalitat la fuerza política —que no jurídica— para declarar la independencia y negociar los términos económicos con España. No está claro si esto sería suficiente, y qué ocurriría si España se negara en redondo, pero esto ya es tema de otro post.