LOS JURISTAS DE EXTERIORES avisaron en un informe de que la guerra de Iraq era ilegal, decía ayer el ínclito Ernesto Ekaizer en El País. Para no cansarme, y no cansaros, pasaré por alto la distorsión que supone equiparar la falta de un mecanismo de activación con ilegalidad, o que constantemente juegue con el equívoco de equiparar "legalidad internacional" y "lo que diga la ONU"; el derecho internacional es algo mucho más complejo y fluido, y va mucho más allá, de lo que diga el organismo internacional. La legalidad internacional está formada por cientos de tratados que se han venido aprobando a lo largo de siglos, y la Carta de las Naciones Unidas es sólo uno de ellos. Dicho sea de paso, también lo es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que por sí misma no sólo justificaría, sino que obligaría directamente, a poner fin a un régimen genocida que se saltaba sistemáticamente todos los artículos de aquélla.

Pero no: sólo me voy a ir al último párrafo del propio Ekaizer, porque se le desmonta el chiringuito argumental aunque él no lo sepa. O aunque lo sepa, algo bastante probable. Dice, citando el informe:

"Ahora bien, el Consejo no es un tribunal, sino un órgano político. Por ello, inevitablemente, su evaluación de la situación y la decisión a la que llegue respecto al curso de acción a seguir dependerán esencialmente de factores políticos más que de un análisis estrictamente jurídico de las resoluciones adoptadas"

Y por lo tanto, la conclusión del informe es que las disposiciones del Consejo de Seguridad no son como tal normas jurídicas, y por lo tanto hacer algo en contra de ellas no puede ser jamás ilegal.

Estupendo, Ernesto; lo has dejado clarísimo.