TOMA YA:

Ante el impago de un ayuntamiento a una empresa privada, el alcalde puede verse responsabilizado de forma directa y responder con sus propios bienes. Así lo establece un auto del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía del pasado mes de julio, que determina la imposición de "multas coercitivas" sobre los "patrimonios personales" en caso de no cumplir con los pagos.

Esta sentencia se refiere al caso concreto del consistorio de Castilleja de Guzmán, que debe 555.887,37 euros a la empresa de construcción Aroa SL.

Pero si el caso llega al Supremo y decide en el mismo sentido, creará jurisprudencia y por lo tanto se aplicaría a todos los casos.