ESCALOFRIANTE, y debería hacer pensar a quienes al salir de ver Mar Adentro se declaran fervientes partidarios de la eutanasia (a pesar de que en puridad el caso Sampedro no era eutanasia sino suicidio asistido, que plantea cuestiones morales extraordinariamente distintas y por tanto que se pueden separar a nivel intelectual; es posible estar en contra de aquélla y a favor de éste):

Ruth Winston-Jones, whose 10-month-old baby, Luke, died on Friday after a court battle over his right to life, told yesterday how she begged doctors on bended knee to save her son.

The High Court ruled two weeks ago that medical staff at Alder Hey Children's Hospital in Liverpool could withhold life-saving treatment from her terminally ill son, a decision Mrs Winston-Jones contested.

Yesterday, as she grieved over Luke's death, Mrs Winston-Jones told of her desperation during his final moments. She described how, when doctors refused her pleas for Luke to be given an adrenaline injection and handed him to her so that he could die in her arms , she ransacked medical cabinets in Luke's cubicle to find oxygen.

Doctors also refused to administer this, she said.Though her son had stopped breathing, she gave him oxygen in a final bid to save him. "But it was no use, my precious little boy died in my arms," Mrs Winston-Jones said last night. "I was begging and pleading with them to save my boy, but they said no. In my view, they withheld basic humane treatment. This was not what the court meant by withholding life-saving treatment."

El Estado decidiendo quién tiene derecho a vivir y quién no, pasando por encima de los directamente implicados, es algo que debería rechazarse de plano. Aunque se formulara este principio para defender el derecho de Sampedro a suicidarse, no es exactamente igual: en el caso del bebé inglés se trata del derecho a vivir; en el de Sampedro, del derecho a morir. No es en absoluto irracional defender más el primero que el segundo, ya que el derecho a la vida supone una prolongación de los derechos de la persona, mientras que el derecho a la muerte supone su fin más absoluto; es lógico que la presunción vaya más en favor del primero que del segundo. Y muy especialmente porque el segundo no tiene vuelta atrás, por un cambio de opinión del afectado, por un avance médico que permita curar lo que hasta entonces era incurable o por algún otro motivo.

Que conste una vez más que lo que comento aquí es desde una postura absolutamente atea; mi preocupación viene por los múltiples escenarios tipo pendiente resbaladiza (aviso: documento pdf) a los que puede llevar una situación que podría calificarse de totalitaria, en la que el Estado decide quién cumple los requisitos para vivir y quién no.