CUANDO SE DESCUBRIÓ que un periodista estadounidense, Armstrong Williams, había cobrado dinero de la administración Bush para opinar favorablemente de la No Child Left Behind Act, todo el mundo se puso las manos en la cabeza: eso demostraba que el cowboy estaba comprando a periodistas. Hay quien dijo, y no sin razón, que aquí estas cosas no ocurren, porque se compra directamente a los medios o se les ofrece ventajosos contratos con la administración.

Pero aquí si que ocurre: además de intentarlo gratis, el gobierno está pagando a periodistas para que promocionen sus políticas, en este caso la constitución europea. ¿Qué es sino esto?

La Asociación de Periodistas Europeos recibe 72.000 euros para difundir el Tratado europeo

La resolución aparece publicada en el BOE del 15 de febrero y emana del Ministerio de Presidencia. Se trata de la adjudicación de un “servicio de difusión y concienciación entre la opinión pública española sobre los valores de la Constitución europea”.

La Asociación de Periodistas Europeos, cuyo secretario general es Miguel Ángel Aguilar, ha recibido la misma cantidad que, por ejemplo, concedió el Gobierno a la emisora Punto Radio, pese a no aparecer siquiera en el EGM, para la campaña por la Constitución Europea.

Esta vez, el Ministerio de Presidencia elige a la APE para adjudicarle un “servicio de difusión y concienciación entre la opinión pública española sobre los valores de la Constitución Europea”. La resolución aparece en el BOE de este martes y está firmada por el Subsecretario de Comunicación, Luis Herrero Juan.

La Asociación de Periodistas Europeos (APE) está actualmente presidida por Carlos Luis Álvarez (el periodista Cándido, que en la actualidad firma en el diario ABC) y su secretario general es el periodista Miguel Ángel Aguilar, contertulio de la Cadena SER y articulista de El País y Cinco Días. Diego Carcedo –propuesto por el PSOE para el Consejo de Administración de RTVE– es el vicepresidente primero y Montserrat Domínguez –presentadora del informativo de Antena 3 El ruedo ibérico–, la vicepresidenta segunda.

Esto no tiene nada que ver con la queja de algunos medios por haber sido discriminados en la publicidad institucional; puede cuestionarse los criterios para adjudicar ésta, pero en cualquier caso va dirigida a medios de comunicación y va indicada como espacio publicitario. Nada distinto a lo que se ha hecho siempre.

No es así en este caso: se está pagando a periodistas que para que informen en un determinado sentido. Cierto, a diferencia de Armstrong Williams se hace con publicidad. Pero el fondo del asunto es exactamente el mismo.