EDUARDO PEDREÑO da en el clavo:

Las medidas de control que se van a impulsar a nivel europeo para intensificar la lucha contra el terrorismo nos llevan a una discusión que desde el 11-S ha estado en todas las agendas. Las medidas incluyen la obligación de almacenar todos los emails, registros de llamadas de teléfono y SMS por parte de los operadores durante un año.

El problema, lógicamente, no es que se tomen medidas para situaciones preocupantes como la que plantea el terrorismo islámico. Todos queremos luchar contra el terrorismo y vencerlo. El conflicto surge cuando para hacer frente a los retos que nos plantea el terrorismo establecemos límites a nuestros derechos sin la certeza de que nos vayan a perjudicar en un futuro hipotético. Recordemos, por ejemplo, aquellos registros de llamadas que empleados de Telefónica hicieron públicos en medio del escándalo de los desertores de la Asamblea de Madrid (Tamayo y Sáez). Nuestra privacidad y nuestra libertad valen un precio muy alto. No estoy seguro de que los beneficios de estas medidas compensen el hipotético daño que pueden sufrir nuestras libertades individuales.