TRES PÁRRAFOS que encapsulan todo lo que tiene de malo un sistema político como el español, con un estado hipertrofiado:
Todavía no se ha producido un recuento de víctimas en el PSOE. Se cuentan por miles. Un dirigente regional del partido, que no autoriza que se divulgue su nombre y procedencia geográfica, hace la siguiente descripción sobre las consecuencias de lo sucedido en las elecciones del 22 de mayo: "Esto es como el Titanic: hay mil personas a bordo y solo hay balsas para cien. Solo se salvarán los que estén a muerte conmigo". Una amplia bolsa de militantes socialistas perderá su cargo público y otra, difícil de cuantificar en estos momentos, su empleo. Las consecuencias son evidentes: el PSOE pierde poder político y pierde estructura. Es algo parecido al efecto de un ERE dentro del partido.Ahora se entienden esas lágrimas de la noche electoral...
Algunas cifras salen a la luz una vez concluido el recuento electoral: el PSOE habrá perdido 2.262 concejales y 55 diputados autonómicos. Simplemente con examinar las 52 capitales de provincia, podrá tenerse una idea del batacazo: en 2007, el PSOE logró gobernar mediante pactos en 23 alcaldías, el mismo número que alcanzó el PP, aunque este partido lo hizo merced a sus mayorías absolutas. Pues bien, de estas 23 alcaldías, solo va a poder mantener 3 por mayoría absoluta (Cuenca, Soria y Lleida) y 4 o 5 en coalición. Perder una alcaldía significa algo más que decirle adiós a un alcalde: en numerosos municipios significa una reducción drástica de concejales liberados (con sueldo) más asesores y personal contratado. Similares cuentas se pueden hacer por cada diputado autonómico.
A esta cifra hay que añadir la pérdida de diputados autonómicos (por ejemplo, 9 solo en Castilla-La Mancha, la comunidad encabezada hasta ahora por José María Barreda), presidencias de diputación (una sangría en Andalucía y Barcelona), presidencias comarcales o de órganos territoriales. Luego está la sangría tras la pérdida del poder en aquellas autonomías donde debe desalojar la presidencia (caso de Castilla-La Mancha, Asturias y Cantabria), que se traduce en un amplio número de consejeros, viceconsejeros, directores generales, asesores y gestores de empresas públicas que pierden el cargo y habrá que ver si su empleo.
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