MUCHAS FIGURAS RECONOCIDAS en alguna disciplina académica acaban siendo presa de la soberbia, que les hace creer que están capacitados para perorar sobre cualquier materia con la misma solvencia que en el campo que les es propio. El caso paradigmático es el de Noam Chomsky, pero no es ni mucho menos el único.

Mucho más cerca tenemos a Santiago Grisolía, una eminencia de la bioquímica que escribe hoy una alucinada columna en el diario ABC. Grisolía empieza centrándose en una experiencia eugenésica en EEUU de finales del siglo XIX que sinceramente desconozco si fue la primera, pero que desde luego no fue la única y aún menos la última. Lo confieso, me gustaría leer algún artículo suyo censurando las esterilizaciones forzadas de 63.000 personas, la mayoría mujeres, en el que muchos ven como el paraíso del Estado del Bienestar -Suecia- y que tuvieron lugar entre 1935 y ¡1970!, o criticando programas similares en Finlandia, Dinamarca, Noruega, Bélgica y Austria.

Después Grisolía va liando la cosa hasta que llega a este increíble párrafo:

Sin duda alguna, las atrocidades nazis han sido, y con razón, objeto de vergüenza moral para el mundo pero cabe preguntarse si las barbaridades nazis, especialmente la frialdad de los burócratas -en mi opinión peores que los ejecutores-, que cuidadosamente preparaban las matanzas y enviaron para su masivo exterminio a tantos y tantos inocentes a los campos de concentración, no tienen su equivalente, y me avergüenza que así sea, en el comportamiento de George W. Bush y miembros de su gabinete, como empieza a reconocerse. Así en un artículo de William Pfaff, publicado en el «International Herald Tribune» del 12 de junio de 2004 y que no tiene desperdicio, pregunta y le preocupa el que recientes documentos revelen las maniobras de la Casa Blanca para que el presidente y sus inmediatos colaboradores no vayan a prisión por autorizar, ordenar o permitir deliberada y sistemáticamente la tortura de personas.

Al parecer la consulta se ha hecho a los abogados de la Casa Blanca con el fin de establecer reglas para que el presidente y sus colegas puedan asumir acciones consideradas como crímenes de guerra y que no les pase nada. No entraré en los detalles que describe William Pfaff pero sí insistiré en cómo la actitud del actual Gobierno americano ha sido, entre otras, la de olvidar las normas de las convenciones de Ginebra, aunque ahora que el presidente Bush necesita ayuda, especialmente por la proximidad de las elecciones americanas, dice que lo va a hacer. En mi opinión, y lo que es gravísimo, es que se hayan perdido las libertades civiles en los Estados Unidos que habían sido un modelo para el resto del mundo. ¿Cómo es posible que un país que ha dado siempre ejemplo de libertades, se permita mantener a personas encarceladas sin derechos legales cuando hasta ese momento eran ciudadanos americanos, y torturar cuando y como se quiera?

A mi vez, yo me pregunto cómo es posible que en un país se conceda una tribuna tan destacada a un experto en una materia concreta para que divague sobre algo que no tiene nada que ver con ésta y que claramente se le escapa.

La desquiciada equiparación entre Hitler y Bush desgraciadamente ya no sorprende en una pancarta pero sí en una bata blanca, que suele vestir a quien se supone afortunado poseedor de una mente científica regida por el pensamiento crítico. Pero además, cualquier persona que tenga un mínimo de conocimientos sobre el llamado derecho de guerra sabe (aunque no todos lo digan para poder seguir criticando a la hiperpotencia, pero creedme: lo saben) que cuando el gobierno estadounidense considera que los presos de Guantánamo no gozan de las protecciones de la Convención de Ginebra no es que decida "olvidarse" de ella sino que la está aplicando de forma impecable. Porque ésta sólo reserva tales protecciones a los combatientes que forman parte de un ejército de un país como tal (y al-Qaeda no lo es, aunque haya quien sueñe con ello), y aún así sólo si además cumplen una serie de requisitos que, obviamente, el Sr. Grisolía desconoce. Aquí tiene para otra vez, recomendándole preste especial atención al artículo 4.

Puede discreparse de ciertos aspectos jurídicos de la política de la Administración Bush en esta cuestión; por ejemplo, que se haya retrasado inaceptablemente el requisito de que un tribunal militar, en sesión no pública y con abogados defensores militares, revise cada caso para asegurar que la calificación como combatiente irregular sea mínimamente plausible. Nótese en especial lo de 'mínimamente'; eso significa que, salvo que esté 100% claro que no lo es, la presunción juega a favor del gobierno de turno. La verdad es que en la práctica esos tribunales no habrían hecho variar mucho la situación, porque todos los internados en Gitmo fueron capturados en zona de guerra y con las manos en el fusil.

Este defecto, dicho sea de paso, ha sido corregido tras sendas sentencias del tribunal supremo. Me gustaría saber, si tan iguales son Bush y Hitler, cuándo una decisión de algún tribunal supremo alemán llevó a este a ajustar su política respecto a los concentrados.

Pasar de denunciar un aspecto concreto a afirmar que eso implica Bush se está saltando a la torera la Convención de Ginebra media un abismo que sólo puede saltar alguien que hable de algo que claramente desconoce.

Es más, el Sr. Grisolía habría de alegrarse por el trato que EEUU está dando a esos prisioneros de Guantánamo; conviene no perder de vista que, con la ley en la mano, la alternativa podría perfectamente ser muy distinta. Históricamente -y cuando uso este término me refiero a épocas muy cercanas, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial- con los combatientes ilegítimos se hacía lo que permite, por exclusión, la propia Convención de Ginebra: ejecutarlos en el acto. Sin tribunales ni juicio alguno. Y no me echéis la culpa a mi por decirlo, que entonces parafraseo aquella vieja canción italiana: "lo siento mucho, la guerra es así, no la he inventado yo".

El Gobierno estadounidense ha decidido, sin embargo, otorgar en la práctica a los combatientes irregulares en Guantánamo los mismos derechos que a los prisioneros de guerra con la única excepción de poder interrogarlos, porque la Convención de Ginebra sólo permite preguntar nombre y apellidos, graduación, fecha de nacimiento y número de matrícula. Una excepción que viene de la evidente necesidad de obtener el máximo de información sobre los colegas que aún siguen libres y cualquier plan para futuros atentados que pudieran tener entre manos.

Felicitémonos, pues, de que el gobierno Bush haya tomado una decisión que en la medida de lo posible humaniza el conflicto de un modo en que sus -nuestros- enemigos jamás lo harían. Ellos directamente decapitan a sus rehenes mientras filman todo en vídeo.