EL DESAGRADABLE asunto del Fòrum 2004, del que di cuenta en su momento cuando nadie lo hacía (uno, dos) ya está trayendo cola y provocando las primeras consecuencias prácticas:

El Gobierno de EE.UU. advierte a los empresarios que están pensando invertir su dinero en España que en este país de atractiva economía los problemas legales pueden crearle a uno un buen quebradero de cabeza. Así lo expresa la prestigiosa guía comercial para inversores que el Departamento de Estado edita cada año con el objetivo de orientar a los empresarios americanos que invierten en el extranjero. Concretamente, les recomienda que sean cuidadosos a la hora de establecer el marco legal de los contratos. El origen de esta desconfianza nace de un caso peculiar en el que una productora de cine norteamericana lleva tres años intentando cobrar una indemnización de 3,4 millones de euros por un delito de impago cometido por el Fórum Barcelona. La sentencia condenatoria dictada en 2004 por un juzgado de Illinois todavía no se ha hecho efectiva en España.
Lo más curioso es que este problema legal no se produce entre dos empresas privadas, sino que en él están involucrados una veintena de políticos españoles de todos los partidos políticos. Son aquellos que formaron parte del Consejo de Administración del Fórum, participado por Ayuntamiento de Barcelona, Generalitat y Gobierno central. Incluidos la ministra de Cultura, Carmen Calvo, y el ahora titular de Industria, Joan Clos, por entonces alcalde de la Ciudad Condal.
A la luz de este caso, el Gobierno de Estados Unidos recomienda a todos los empresarios que quieren invertir en España y que suelen buscar que los contratos que firman estén sujetos a la ley norteamericana, que especifiquen en ellos cómo se aplicarán en España las sentencias americanas en caso de desacuerdo.

Es la venezuelización del país.

Si tenéis estómago, el "Country Commercial Guide" relativo a España se encuentra aquí (aviso, es un documento pdf). En concreto, el asunto está en la página 92.