UNA DEFENSA DE LO PRIVADO: cito en extenso pero leedlo entero.

Asistimos en los últimos tiempos a un aquelarre en defensa de lo público. En los más variados sectores y con las más variadas excusas, se ha desencadenado una ofensiva en pro, no ya de la garantía pública, sino de la prestación pública de determinados servicios. Y en esa ofensiva, los defensores de lo público exhiben con cierto orgullo la que consideran una posición de superioridad ética o moral frente a cualquier forma de intervención privada. La gestión privada se rodea de todo tipo de sospechas y se pretende santificar la gestión pública, y, de paso, el estatuto jurídico público de quienes participan en la misma.

Lo preocupante es que los promotores de esos planteamientos se alimentan de la pervivencia, en la conciencia social, de la idea de la superioridad de lo público sobre lo privado. Lo que constituye un evidente atraso cultural y explica muchos de los males de nuestra realidad económica y social. Por eso, es necesaria una ofensiva contraria, que reivindique la limitación de la esfera pública y el valor de la iniciativa privada para asegurar el progreso económico y el bienestar social.

Y, sobre todo, es necesario desmontar la farsa que se ha creado en torno a estos debates. Parafraseando a Samuel Johnson, cuando advertía que el patriotismo es el último refugio de los canallas, podríamos decir, si se permite un punto de exageración, que la defensa de lo público puede convertirse en el último refugio de quienes pretenden disfrazar de causa elevada la pura, simple y descarnada defensa de sus intereses o, incluso, de sus situaciones de privilegio.

Decía Benedetto Croce, criticando el corporativismo profesional, que toda profesión es una conspiración contra el público. De la misma manera, podemos decir que muchas de las defensas de lo público encubren una conspiración contra los intereses generales, contra los intereses del público, paradójicamente en nombre, pretendidamente, de la defensa del interés general.

Como digo es un tema en gran parte cultural. La sociedad debería ser consciente de las ventajas que derivan de la prestación privada de determinados servicios, de los que los poderes públicos deben ser garantes pero que no tienen por qué ser prestadores. Hace algún tiempo, un empleado público, en un día de movilización contra las privatizaciones, me quiso entregar un panfleto y, como se lo rechacé, me preguntó si no me interesaba el asunto. Cuando le respondí que sí me interesaba, pero que era partidario de la privatización, me miró como si hubiera visto un extraterrestre. Probablemente no podía concebir que alguien pensara que la depredadora iniciativa privada tuviera que asumir, aun de manera más eficiente y menos costosa, la prestación de un servicio cómodamente asumido, y en confortables condiciones, por un ente público y por sus empleados públicos.