SI A JOAN CLOS, nuevo ministro de Industria, se le ocurre viajar a EEUU, deberá hacerlo amparándose en la inmunidad diplomática. De otro modo podría dar con sus huesos en la cárcel al haber sido condenado por desacato en un tribunal de Illinois -junto a los demás miembros del consejo de administración del Fòrum -como la también ministra Carmen Calvo, Josep Piqué, Josep Bargalló, Ernest Maragall o Joan Saura-.

Conozco el asunto, porque he hablado en varias ocasiones con Jordi Alba, de la productora barcelonesa Think Big, y con Dugan Rosalini, de Rosalini Productions en Chicago, y la historia es exactamente como lo cuenta ESD. Me explicaron igualmente su peregrinación por los medios de comunicación barceloneses en un intento de que la prensa hablara del asunto. Como imagináis, un intento que no tuvo el más mínimo éxito: en esta ciudad no se mueve nada que pueda poner en peligro suculentos contratos de publicidad institucional y subvenciones varias. Pero claro, es en EEUU donde la prensa no es libre porque el poder los ahoga (otra cosa es que la mayoría de los periodistas de aquí se plegarían por propia voluntad sin dinero por medio, pero eso es otra historia).

Lo peor de todo el asunto es que, cuando los abogados de las productoras escribieron una carta al Fòrum pidiendo el cumplimiento del contrato y anunciando que emprenderían acciones judiciales en caso contrario -algo perfectamente habitual en la práctica mercantil- el Fòrum contraatacó con una querella criminal... ¡por extorsión! Hasta el fiscal ha pedido desestimarla , por lo que dice ESD (desde que he leído el artículo hoy, obviamente no he hablado con ellos, así que no tengo confirmación de este elemento). Independientemente de quién tenga razón o no en el pleito civil -y el caso parece bastante claro, ya que existía un acuerdo firmado que fue incumplido por el Fòrum- es increíble que una carta en la que se pida el cumplimiento de un contrato sea contestada con una querella criminal por extorsión, en lugar de simplemente con la argumentación legal que corresponda, y hacerlo en el juicio. Si una primera carta de reclamación fuera un delito, estaría medio planeta en la cárcel.

En cualquier caso, si ya es más que lamentable ver cómo dos ministros del gobierno español, varios consellers de le Generalitat y otras destacadas figuras tienen que usar un pasaporte diplomático para entrar en EEUU -como si vinieran de una república bananera-, lo verdaderemente penoso y preocupante es el mensaje que se da sobre el país a la comunidad empresarial. No sólo de EEUU, sino de cualquier país desarrollado. ¿Cómo va a plantearse nadie llevar a cabo proyectos en España si las administraciones son las primeras en pasarse los contratos por el forro, en responder como matones de barrio cuando se intenta que los cumplan, y en recurrir a malas prácticas antes de cumplir lo pactado en un acuerdo escrito?